CRISTO CRUCIFICADO Y LA MADRE TIERRA SUFRE MARTIRIO Y DOLOR POR LA CONTAMINACIÓN
El 22 de abril de cada año se celebra el nacimiento del movimiento ambientalista moderno, el cual se inició en 1970 cuando 20 millones de norteamericanos tomaron las calles, los parques y los auditorios para manifestarse por un ambiente saludable y sustentable.
El Día de la Tierra de 1970 logró una coincidencia política que parecía imposible. Se logró el apoyo de políticos de distintas tendencias, ricos y pobres, citadinos y granjeros, magnates y líderes sindicales. Ese día condujo a la creación de la Agencia de Protección al Medio Ambiente y a la aprobación de leyes relacionadas con el aire limpio, el agua limpia y la conservación de especies en peligro de extinción. A partir de entonces, cada año en esta fecha, el mundo entero reflexiona y se moviliza por una Tierra mejor.
Ambientalmente hablando, la importancia que ha recobrado la fecha, hará que todo el mundo (instituciones, organizaciones, científicos, ambientalistas y toda persona consciente) recuerde, reflexione y analice una vez más sobre la crisis ambiental que vive el planeta. Y, coincidentemente el Viernes Santo, es una fecha de hondo recogimiento espiritual que nos viene desde la fe cristiana. ¿Cómo conjugar estos dos grandes acontecimientos?
Como no puede ser de otra manera, en el mundo entero y por supuesto en Bolivia, nos preguntaremos nuevamente cómo está nuestra “casa grande, la casa de todos”. Cuestionaremos a los organismos internacionales y nacionales, a los gobiernos, y nos cuestionaremos a nosotros mismos: ¿Cuál es nuestra conducta en torno a nuestra participación en el cuidado del medio ambiente? Desde nuestra fe, ¿cuál debería ser nuestra conducta? ¿Qué valores humanos y cristianos practicamos?
Entonces, tratando de concretarnos a los orureños, al menos nos corresponde preguntarnos: ¿Cómo estamos en nuestra urbe? Cuando se analizan éstas temáticas, a menudo caemos en la tentación de encontrar de inmediato a uno u otro culpable; inconscientemente tratamos de ubicarnos en el balcón, como si la responsabilidad del deterioro ambiental solamente correspondiera a quienes de forma transitoria detentan el poder para el manejo de la cosa pública.
Un hecho y una realidad que todo orureño no puede evadir, es que Oruro tiene dos lagos de importancia no solo para Bolivia, sino para el mundo entero. En nuestro departamento se declaró, en el año 2001, como Sitios Ramsar a los lagos Uru Uru y Poopó, constituyéndose estos dos humedales en patrimonio ambiental de los orureños. La principal función que cumplen estos dos lagos es crear el microclima favorable para nuestra ciudad y el departamento.
Como beneficios para Oruro, nuestros lagos cumplen funciones a favor del almacenamiento de agua; recarga de acuíferos subterráneos; protección contra tormentas y mitigación; retención de nutrientes, sedimentos, contaminantes; purificación de agua; control de erosión; suministro de agua; pesquería; agropecuaria; recursos naturales; turismo; diversidad biológica; patrimonio cultural, entre otros.
Sin embargo, pese a que tienen muchos beneficios estos humedales, lamentablemente están en peligro por la contaminación minera (aguas ácidas); el turismo no controlado; contaminación por residuos sólidos; extracción de recursos naturales de manera irracional; descarga de aguas servidas (sin tratamiento); apertura de caminos; sobre pastoreo, etc. En nuestro departamento, los lagos Uru Uru y Poopó se han convertido en diques de colas de varias empresas asentadas en la zona.
La Declaratoria de Sitio RAMSAR implica para las partes contratantes (el Estado boliviano y la Convención relativa a los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas) el compromiso de conservación y uso sostenible de estos ecosistemas.
Volviendo nuestra mirada a nuestra realidad actual, parece que vamos en sentido contrario. No solo existe falta de convicción respecto de la Declaratoria, sino que ha pasado al archivo y por tanto al olvido. A propósito de la conservación del lago Uru Uru, hace dos semanas atrás, tanto la Gobernación departamental como municipal firmaron un convenio de transferencia de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) cuyo objetivo es iniciar el proceso de transferencia de dicha planta al municipio de Oruro y de ésta a SeLA cumpliendo lo determinado por Ley.
Ambas entidades, lejos de encarar la problemática con responsabilidad (plantearse un trabajo coordinado y conjunto), se encuentran en un viene y va totalmente estéril. Una inspección ocular a la PTAS el día de ayer (martes 19), entre la FEDJUVE, CORIDUP Y CEPA, nos dejó una triste y lamentable impresión de la zona. Cualquier ciudadano común que vea esa realidad, concluiría inmediatamente que en Oruro no existen autoridades.
Desde la Gobernación Departamental no solo no se lo prioriza, sino que se ha procedido a recortar los fondos de avance y la caja chica para emergencias que se tenía con la anterior administración. Por si fuera poco, si antes la planta contaba con 15 obreros, hoy sólo cuentan con 10. Desde el Gobierno Municipal (ejecutivo) se ha realizado una inspección sin la participación de las instancias pertinentes (Comité de Vigilancia y FEDJUVE y otros). Lejos de proponer alternativas, se hacen “observaciones técnicas”, dizque “para no cargar con el muerto”. Parecen decirnos que cuanto más estén cuidando sus espaldas, mejor; lo otro puede esperar.
Compartiendo con el sentimiento del pueblo en estos días, podemos preguntarnos si es que nos hemos propuesto “crucificar los lagos Uru Uru y Poopo”
La gráfica en el lugar de los hechos es elocuente: por encima corren las aguas servidas generadas por la urbe orureña, por debajo corren las aguas ácidas que vienen de la mina San José. A 150 mts de este cruce de ductos se encuentran viviendas precarias con familias y entre ellas niños que soportan los olores nauseabundos. ¿Cómo llevarles un aliento de esperanza cuando la inoperancia nos cubre los ojos? ¡No volvamos a crucificar a Jesús! ¡La Madre Tierra está sintiendo el dolor y el martirio de la contaminación!
Clemente Paco
UNIDAD DE JUSTICIA SOCIOAMBIENTAL – CEPA y CORIDUP