DECLARACIÓN DEL PRIMER ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE COMUNIDADES AFECTADAS POR GLENCORE
Comunidades, organizaciones sociales, hombres y mujeres afectados por las operaciones mineras de Glencore en Bolivia, Perú, Argentina y Colombia; reunidas en la ciudad de Oruro para compartir nuestras experiencias, encontrar salidas comunes y comenzar un camino que nos permita la articulación de las luchas y esfuerzos en América Latina frente a los impactos sociales, ambientales, económicos y culturales de la minería; en el marco del 1er Encuentro de Comunidades afectadas por Glencore, llevado a cabo entre el 27 al 29 de septiembre de 2015, declaramos que:
- Las comunidades locales, vecinales, rurales, campesinas, indígenas, originarias y afro descendientes a lo largo de Latinoamérica han preservado durante siglos la soberanía alimentaria, las fuentes de agua, los páramos, zonas glaciales, la diversidad cultural y natural, los bosques y selvas, la fauna y flora nativa de nuestros territorios, y con ello han asegurado el patrimonio natural y cultural de nuestras naciones.
- El modelo de desarrollo extractivista, impuesto como única alternativa económica para los países de Latinoamérica, ha puesto en peligro la soberanía alimentaria, la salud, la autonomía y la autodeterminación de nuestras comunidades; la biodiversidad y el acceso al agua, comprometiendo seriamente el uso y goce del patrimonio natural, cultural y ancestral, el ejercicio de nuestros derechos inalienables para nuestras generaciones presentes y futuras.
- La defensa del medio ambiente, la tierra, la Pachamama, la permanencia digna en el territorio, la lucha por la vida y por el agua hoy representan nuestra apuesta común en América Latina y requiere una alternativa organizándonos colectivamente.
- Glencore, es una de las empresas transnacionales que ha iniciado una expansión agresiva en nuestros territorios, en complicidad con los gobiernos nacionales de la región, aprovechando la falta de información de nuestros pueblos, excluyendo nuestra participación y generando confusión en nuestras organizaciones.
- Por su parte los gobiernos de nuestros países han permitido la incursión de Glencore mediante alianzas y contratos poco transparentes. Asimismo, los estados han elaborado y flexibilizado sus marcos jurídicos en materia de derechos humanos, protección ambiental y obligaciones tributarias, con el único objetivo de facilitar y favorecer la expansión de las operaciones mineras de Glencore en nuestros territorios.
- En el marco de nuestro 1er Encuentro, identificamos que Glencore y los gobiernos han consolidado un modelo de incorporación en la industria extractiva de cientos de hombres y mujeres como mano de obra barata; han utilizado una estrategia de manipulación de las organizaciones, corrupción y compra de líderes comunitarios, desintegrando nuestras organizaciones y movimientos sociales, y generando la división social de nuestros líderes y la desintegración de nuestras familias. Frente a nuestros cuestionamientos, protestas y acciones de defensa de nuestros territorios, los estados disponen de la fuerza pública, la violencia y represión para ejercer el control y proteger la infraestructura de la empresa, criminalizando nuestro legítimo derecho a la protesta social.
- Con sus operaciones en nuestros territorios, Glencore ha ocasionado impactos ambientales, sociales y culturales irreversibles. La empresa ha agotado, desviado y contaminado nuestras fuentes de aguas superficiales y subterráneas, se ha apropiado y negado el acceso al recurso, generando el desabastecimiento de nuestras comunidades. Ha causado graves impactos en la salud humana y el aumento de las enfermedades que no eran frecuentes en la zona. Para ser aceptada, Glencore ha generado presiones sobre la comunidad, relacionadas con el retiro de programas voluntarios asumidos por la empresa para atender algunas necesidades sociales y comunitarias. Todo esto ha generado además el aumento de fenómenos migratorios y reasentamientos involuntarios en los territorios donde opera. Finalmente, al concluir sus operaciones, los proyectos de vida de las comunidades locales quedan afectados irreparablemente, sin que puedan encontrar la manera de recuperar los medios de subsistencia propios y ancestrales.
Expresamos nuestra solidaridad y apoyo a los distintos procesos de lucha y resistencia de las organizaciones sociales, comunidades locales, y poblaciones afectadas por la actividad minera en nuestros territorios:
- Con las comunidades campesinas afectadas por el proyecto minero Antapaccay de Espinar, en Cusco, Perú; que vienen denunciando la contaminación al agua, al territorio y a la salud humana, ocasionando la migración del campo a la ciudad y acentuando la desocupación y la pobreza; así como la criminalización de la protesta social contra los líderes y dirigentes sociales, a través de convenios que mantiene la empresa minera con la Policía Nacional del Perú. Especial solidaridad con los hermanos y hermanas de Cotabambas en Apurímac, que en protesta contra los efectos del uso irresponsable de marcos normativos flexibles de las que se ha beneficiado Glencore durante su paso por la zona, son reprimidos violentamente durante los últimos días, dejando un saldo de cuatro personas fallecidas y una decena de heridos.
- Con las comunidades del centro del Cesar en Colombia; en sus procesos de reasentamiento involuntario ocasionados por los altos niveles de contaminación del aire que ponen en riesgo la salud humana y obligan al desplazamiento de sus territorios.
- Con las poblaciones y organizaciones locales, asambleas ciudadanas, comunidades indígenas y campesinas afectadas por el proyecto la Alumbrera, en Catamarca, Argentina; y amenazadas por otros proyectos mineros. Estas poblaciones denuncian la afectación al medio ambiente, a su salud, a sus modos de vida, y exigen el retiro de la empresa y denuncian la criminalización de sus luchas con la complicidad del Estado.
- Con las comunidades afectadas en los departamentos de La Paz, Potosí y Oruro, que denuncian los graves daños ambientales además de la contaminación de los recursos hídricos, la tierra y el aire con metales pesados que viene generando la pequeña, mediana y gran minería en sus territorios, afectando el derecho de acceso y disfrute al agua y a la salud de las poblaciones locales y forzando la migración del campo a la ciudad, acentuando la desocupación y la pobreza.
En un llamado desde nuestros territorios, nuestra cultura y nuestro vínculo estrecho con la madre tierra, exigimos:
- A la Presidencia Mundial de Glencore en Suiza que asuma su responsabilidad como casa matriz de los graves impactos ambientales, sociales y culturales que sus filiales, subsidiarias y empresas controladas están generando con sus operaciones mineras en Argentina, Bolivia, Perú y Colombia. Así mismo, se hace necesaria la mitigación y reparación de los daños y pasivos ambientales dejados por la exploración y explotación minera en nuestras localidades y territorios.
- Al Gobierno Federal de Suiza, manifestamos la necesidad de su intervención como país que aloja la sede central de Glencore y que percibe impuestos de la empresa, en el sentido de asegurar que la conducta corporativa de la misma y el desarrollo de sus proyectos mineros no destruya el patrimonio natural y cultural de nuestros pueblos, los derechos de las comunidades y organizaciones afectadas por las operaciones de Glencore.
- A la cumbre sobre el cambio climático y a los gobiernos de Argentina, Colombia, Perú y Bolivia que establezcan marcos de protección eficaces de adaptación y mitigación de los efectos negativos del cambio climático a las comunidades y poblaciones que sufrimos sus efectos y que son gravemente exacerbados por la actividad minera en nuestros territorios.
- A los estados de Bolivia, Argentina, Perú y Colombia el respeto a la decisión, la libre autodeterminación, el derecho a la consulta y el consentimiento de nuestras poblaciones y comunidades, recogidas en los instrumentos internacionales vigentes de protección a los derechos humanos frente a la presencia de la minería en nuestros territorios.
- Exigimos que los gobiernos que ajusten sus actuaciones a la irrestricta protección de los derechos humanos y que cese en el ejercicio abusivo de las fuerzas armadas y policiales que reprimen y criminalizan la protesta social legítima de las comunidades afectadas por Glencore.
Oruro, Bolivia, 30 de septiembre del 2015.