Jóvenes ambientalistas exigen al Gobierno Nacional y Departamental, agilizar la implementación del Decreto Supremo N° 0335 que declara Zona de Emergencia Ambiental a la subcuenca Huanuni
Tras varias visitas realizadas a la Sub-Cuenca Huanuni, los jóvenes líderes ambientalistas piden agilizar la implementación del Decreto Supremo N° 0335 que declara Zona de Emergencia Ambiental de carácter Departamental, con aplicación en los municipios de Huanuni, Machacamarca, El Choro y Poopó del Departamento de Oruro. Recordemos que en fecha 21 de octubre del 2009 el Presidente del Estado Plurinacional Evo Morales Ayma, firmó el mencionado Decreto Supremo Nº 0335, debido a la inminente afección a la salud humana y seguridad alimentaria ocasionada por la prolongada presencia de contaminación y salinización de los suelos del área de influencia de la Sub-Cuenca Huanuni.
Desde la aprobación de dicho Decreto han transcurrido dos años y ocho meses, pero la contaminación ambiental continúa y se agrava día que pasa. Se constató que la Empresa Minera Huanuni a la fecha sigue botando directamente sus residuos y desechos minerales (aguas de color plomo y negro, con alto contenido de metales pesados) al río San Juan de Sora Sora. Si bien la empresa cuenta con un dique de colas en el sector de Cataricagua, ésta no funciona por problemas técnicos. Lo mismo ocurre con otras actividades mineras ubicadas en Japo, Santa Fe y Morococala.
Se observó la acumulación de toneladas de pasivos y sedimentos mineros que están esparcidos a lo largo de la Sub-Cuenca, siendo las comunidades de la parte baja (Karavi, Kochi Piacala, Alantañita y otras) las más afectadas. La acumulación de estos sedimentos ha modificado el cauce normal del río, afectando de esa forma suelos productivos y el ecosistema de la zona.
A la contaminación minera se suma la contaminación urbana de la población de Huanuni, Machacamarca y otras comunidades aledañas al río. Huanuni tiene más de 30 mil habitantes, no cuenta con una planta de tratamiento de aguas servidas, ni un relleno sanitario. Por tanto, todos los residuos sólidos y líquidos van directamente al río; por esa razón el río está prácticamente sembrado de basura (botellas, bolsas plásticas, residuos hospitalarios, etc.). Toda esta contaminación llega al río Desaguadero y a los lagos Uru-Uru y Poopó.
Según los comunarios de la zona, el problema central es el agua. Ellos indican que la contaminación está afectando las aguas superficiales y subterráneas; también señalas que el agua contiene metales pesados y no es apta para el consumo humano y animal; pero, por la falta de agua, no hay más remedio que consumir esta agua contaminada. Otro aspecto que denuncian los comunarios es la pérdida de la capacidad productiva de los suelos, debido a la sedimentación y salinización, la que está afectando a la seguridad alimentaria. Frente a esta situación, existe una amenaza latente a la salud de las personas y de los animales, considerando que en muchas comunidades no hay agua potable para el consumo.
La Constitución Política del Estado, en su Art. 33, señala: “Las personas tienen un derecho a un ambiente saludable, protegido y equilibrado…”. Además, el Art. 16 indica: “Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación”. El Art. 342 establece “Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente”. El Art. 347, parágrafo segundo, señala: “Quienes realicen actividades de impacto sobre el medio ambiente deberán, en todas las etapas de la producción, evitar, minimizar, mitigar, remediar, reparar y resarcir los daños que se ocasionen al medio ambiente y a la salud de las personas, y establecerán las medidas de seguridad necesarias para neutralizar los efectos posibles de los pasivos ambientales”.
En este sentido, en base a la Constitución Política del Estado, los jóvenes líderes ambientales piden la inmediata implementación del Decreto Supremo N° 0335, en sus seis líneas estratégicas con planes, programas y proyectos que apunten a mitigar, remediar y generar un desarrollo sostenible para las comunidades afectadas. Además, exigen a la Empresa Minera Huanuni y a las cooperativas mineras asentadas en la zona, la inmediata implementación de sus diques de colas y medidas de prevención, control, mitigación y remediación, con la finalidad de minimizar los impactos ambientales al ecosistema de la zona. También piden a los cuatro gobiernos municipales encarar proyectos para realizar el tratamiento de la basura y las aguas servidas.
Convocan y exigen a los Ministerios de Defensa, Planificación del Desarrollo, Economía y Finanzas, Minería y Metalurgia, Salud y Deportes, Medio Ambiente y Aguas y Desarrollo Rural y Tierras, ser responsables de la implementación del Decreto y dar respuestas concretas con proyectos, programas y planes en el marco de dicho Decreto. De la misma forma se exige la Gobernación de Oruro y a los cuatro municipios priorizar proyectos para las comunidades afectadas.
Es hora de dar soluciones verdaderas a los graves problemas ambientales de la Sub-Cuenca Huanuni, no se puede negar ni cerrar los ojos ante semejante contaminación, los comunarios que viven en la zona también son personas que tienen los mismos derechos al igual que otros ciudadanos, no puede haber ciudadanos de primera, segunda y tercera clase. Por tanto, no se puede concebir que en pleno siglo XXI muchas comunidades vivan en un entorno fuertemente contaminado. Los jóvenes ambientales sostenemos el criterio fundamental de “Justicia Ambiental” para las comunidades de la Sub-Cuenca Huanuni afectadas por la contaminación.
Limbert Sánchez Choque
CEPA