Manifiesto Público de defensores/as ambientales
Los días viernes 19 y sábado 20 de septiembre, una delegación de líderes ambientales, autoridades originarias, comunarios de organizaciones sociales del departamento de Oruro, realizaron un recorrido por el Norte de Potosí (Llallagua, Siglo XX, Catavi, Pocoata, San Pedro de Macha y Colquechaca) con el fin de conocer la experiencia de las comunidades relacionadas a la minería y preocupados por la presencia de nuevos proyectos mineros en nuestros territorios. Hemos visitado las zonas señaladas por lo que decidimos expresar nuestras preocupaciones, a través del siguiente manifiesto que resume las principales conclusiones a las que llegamos, y proponiendo algunas acciones urgentes.
Conclusiones ante la problemática minera
- Hemos visto que la minería genera contaminación ambiental severa, afectando las aguas superficiales y subterráneas; el suelo y los ecosistemas y pone en riesgo la vida de las comunidades y sus capacidades productivas y agrícolas.
- El Estado y las instituciones competentes no hacen cumplir las leyes que protegen el medio ambiente y tampoco hacen respetar los derechos colectivos de los PIOCs. Al contrario, se constituyen en cómplices al no cumplir con sus funciones de fiscalización y control ambiental, como establecen las normativas ambientales.
- El modelo extractivista actual, que lleva siglos operando en regiones como Llallagua, Siglo XX, Catavi y Oruro, ha significado una reconfiguración de la vocación productiva, muchas de estas región hoy se consideran agro mineros. A pesar de la gran riqueza extraída por siglos, en la actualidad muchas de estas comunidades siguen subsumidas en la pobreza.
- Los beneficios económicos de la minería no se reinvierten en los territorios afectados y los daños son, en muchos casos, irreversibles.
- La minería causa división entre los comunarios, a través de la desinformación y la coptacion de nuestros líderes con el fin de obtener consentimiento. Esto vulnera el derecho a la consulta previa y el respeto a la decisión de los pueblos sobre sus modos de vida de cada territorio.
- Existe una de transparencia por parte de las empresas mineras, que a menudo ingresan a los territorios sin la debida información y sin garantizar la seguridad industrial de los trabajadores.
Propuestas para la acción
- Exigir el respeto a la vocación productiva de los pueblos. Es fundamental que se respete la decisión de las propias comunidades que viven de la agricultura, ganadería y otras actividades propias del campo, luego de realizar la consulta, previa, libre e informada.
- Promover la protección legal del agua. Se debe proteger el agua de las cuencas y microcuencas, bofedales, manantiales, bolsones de agua subterránea, cabeceras de cuenca y otras fuentes de agua, para evitar la contaminación y preservar la producción agrícola y ganadera.
- Fortalecer la defensa de los derechos colectivos. Es imperativo que el Estado garantice el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y organizaciones sociales, haciendo cumplir las leyes que protegen el medio ambiente y los derechos de la Madre Tierra.
- Denunciar la complicidad del Estado. Se debe exigir a las autoridades honestidad, para que actúen con transparencia y defiendan los intereses de las comunidades en lugar de apoyar a los operadores mineros que no cumplen las normas ambientales y otros trabajan ilegalmente.
- Impulsar la unidad y las alianzas. Es necesario crear redes de apoyo entre comunidades, instituciones y organizaciones sociales para fortalecer la defensa de los territorios y potenciar las vocaciones productivas sostenibles, a nivel de las regiones de Oruro y Potosí.
- Priorizar el bienestar de la gente. La minería no debe considerarse un factor de desarrollo. Es fundamental reconocer que los daños ambientales y sociales que provoca superan los beneficios económicos que ofrece.
- Fomentar la conciencia ambiental. Se deben realizar esfuerzos continuos para concienciar a todos sobre la importancia de cuidar y preservar la Madre Tierra, que es la fuente de nuestros alimentos y agua.
- Exigir la consulta previa. Las comunidades tienen el derecho a ser informadas de manera transparente y a dar su consentimiento antes de que se inicie cualquier proyecto minero en sus territorios.
- Defender los territorios. Las comunidades deben proteger sus territorios y los recursos naturales, tienen derecho al ejercicio la Justicia Indígena Originaria Campesina, en igualdad jerárquica qué la Justicia Ordinaria.
- Llamar a la acción a los representantes. Se debe exigir compromiso a los representantes políticos que escuchen las propuestas de las comunidades y actúen para proteger los territorios y el medio ambiente.
Finalmente hacemos un llamado a la acción, a todos los líderes y lideresas ambientales, a las autoridades originarias y a las comunidades afectadas y en resistencia, no podemos permitir que la minería silenciosamente destruya nuestros hogares, contamine nuestra agua y divida a nuestros pueblos. Los daños que se están causando son un problema compartido que exige una respuesta unida. Es hora de dejar de normalizar la contaminación y de alzar nuestras voces para exigir un futuro donde nuestros hijos puedan vivir en un territorio sano, respetando nuestra vocación productiva.
La lucha por la vida es la lucha por nuestra Madre Tierra. ¡Nuestros territorios no se venden, se defienden!
Participantes:
Miembros de CORIDUP
Escuela de Líderes Ambientales,
Autoridades Originarias de Jacha Karangas,
Comunarios y autoridades entrantes de Turco Marka.
Asociación de Regantes de la microcuenca Kowiri.
Autoridades originarias de Choquecota.
Líderes y representantes de la Cuenca Pocoata.
Líderes y representantes de la Cuenca Macha.
Líderes y representantes de Colquechaca
CEPA
Red Pio XII – Siglo XX
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