Nº534: Auditoria Ambiental a Kori Kollo; Ley de Medio Ambiente, 08-10-09

A propósito de la auditoría ambiental a las operaciones de Kori Kollo:

¡VIENE EL LOBO…!!!

Seguramente muchos recuerdan la expresión: ¡Viene el lobo! en el conocido cuento del pastorcito mentiroso que por divertirse anunciaba así a la gente de una población campesina de un peligro que a la postre resultaba en una vana alerta. Salvando las diferencias, similar situación estaría ocurriendo en el “cuento” de la Auditoria Ambiental al proyecto “Kori Kollo” de Inti Raymi. La autoridad ambiental competente (Viceministro de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambios Climáticos), en varias oportunidades, ha anunciado que se licitó el proceso y que alguna empresa se habría adjudicado el auditaje. Sin embargo, a la fecha no se inicia la “bendita” auditoría.

Han pasado ya seis años desde que las comunidades aledañas a las operaciones mineras plantearon la necesidad de una auditoría toda vez que se venían presentando un conjunto de problemas ambientales en la zona. En efecto, los comunarios denunciaron sistemáticamente que las aguas se volvieron picantes y saladas, los suelos se salinizaron, las plantas se “enanizaron” y desaparecieron y los animales nacieron con deformaciones, todo lo cual atribuyeron a las actividades mineras de Inti Raymi. En este marco, la auditoría tendría por objetivo determinar el grado de contaminación ocasionado.

Se hace pues necesario hacer un análisis de este proceso desde dos ángulos: el primero centrado en el proceso de la auditoría propiamente y, el segundo, los aspectos técnicos de la auditoria ambiental.

Hasta la fecha la auditoría ambiental tuvo dos licitaciones públicas, una invitación directa y últimamente se volvió a realizar una licitación pública. En los dos primeros casos, se presentaron varias empresas entre nacionales e internacionales, sin embargo, por diversas razones, se disolvieron los contratos. Luego la autoridad ambiental realizó una invitación directa a IGEMA, institución ligada a la Universidad Mayor de San Andrés. Cuando todo hacía pensar que con esa institución arrancaría la auditoria, IGEMA decide no aceptar la invitación del Vice ministerio. Entonces, la autoridad decidió lanzar nuevamente una licitación pública, la cual precisamente marcaba el plazo de presentación para el pasado 2 de octubre. A la convocatoria se presentó solo una empresa que es PCA INGENIEROS CONSULTORES S.A.

Al parecer, este proceso ha perdido credibilidad, tanto de parte de las empresas interesadas como de las comunidades. Ha pasado demasiado tiempo, cuando este proceso administrativo debería estar resuelto en un corto tiempo. Se conoce de varias universidades, nacionales como extranjeras, interesadas en realizar la auditoría. Estas instituciones inclusive hicieron llegar sus propuestas al viceministerio correspondiente pero no tuvieron eco en la autoridad ambiental. Se llegó al punto en que perdieron todo el interés. Creemos que esto se hubiese resuelto fácilmente realizando invitaciones directas a esas universidades con un simple decreto supremo, como se ha hecho en otras situaciones. También se podía haber dispuesto un fideicomiso para llevar adelante este proceso que por cierto es administrativo.

Seguramente, este último proceso tardará, en el mejor de los casos, un mes. Para la orden de proceder podría pasar otro mes, de modo que el inicio de la auditoria podría efectivizarse en enero del próximo año, siendo optimistas, y siempre y cuando la empresa hubiere presentado todos los requisitos. Pero si se descalifica, ¿que pasará con la auditoría ambiental?

Los riesgos que corre la auditoria, en lo que corresponde a los factores técnicos, están muy relacionados al tiempo. Es decir, cuanto más tiempo transcurra, los diferentes elementos pueden estar siendo asimilados por la madre naturaleza. Significa que al final no se encuentre nada o muy poco.

Por otro lado, se ha dado mucho énfasis a los muestreos puntuales tanto en el agua, suelos y otros factores ambientales, pero no se habla de una integralidad como tal. A la vez la valoración económica en este tipo de casos es muy compleja puesto que se habla básicamente de la calidad.

Parecería que este proceso de la auditoría ambiental está destinado al fracaso y que los resultados solamente apoyarán lo afirmado por Inti Raymi. Con esa situación, las comunidades perderán toda confianza en el sistema y eso puede conllevar a que en adelante los campesinos endurezcan sus posiciones para no permitir operaciones mineras en ningún lugar. Eso puede perjudicar enormemente el desarrollo de nuestra región.

Ojalá que el Viceministro de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambios Climáticos no sea el del “cuento” y que de una vez tengamos la “bendita” auditoria. No se puede utilizar como excusa la presión de las comunidades afectadas. Durante estos tres años y medio, esperaron con toda paciencia resultados concretos y dieron para eso toda libertad a la autoridad competente.

Norma Mollo Mollo
Coordinadora Departamental LIDEMA CEPA