PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
PLATAFORMA AMBIENTAL EN DEFENSA DEL AGUA Y LA VIDA.
Reunidos en Oruro, el Consejo de Gobierno Territorial de la Nación Originaria Suyu Sura las Markas de Challacollo, El Choro, Sawkari, Peñas, Poopó, Dalence, la Joya y Soracachi, la Coordinadora en Defensa de la Cuenca Baja del Río Desaguadero y los Lagos Uru-Uru y Poopó CORIDUP, la Central de Cooperativas Pesqueras del Lago Uru –Uru y Poopó; la Junta de Vecinos Barrio Minero Itos, Asociación de Municipios de Oruro AMDEOR y el Centro de Ecología y Pueblos Andinos CEPA, organizados desde mayo 2009 en una Plataforma Ambiental en Defensa del Agua y la Vida, nos dirigimos a nuestros gobernantes, a las autoridades competentes en materia socioambiental, a los medios de comunicación, a las autoridades eclesiásticas, a los hermanos y hermanas de nuestros pueblos que luchan y resisten en defensa de nuestra Pachamama.
Antes de la colonia, las comunidades vivíamos en un ambiente sano basados en el vivir bien, en la complementariedad y reciprocidad. En la actualidad somos afectados por la contaminación ambiental específicamente por actividades y proyectos mineros, por las aguas servidas de las ciudades y los residuos sólidos que van afectando la vida en las comunidades y pueblos del territorio de la Nación Originaria Suyu Sura.
Desde la época de la colonia hasta nuestros días, la minera se ha limitado a exportar materias primas brutas. Este hecho explica porqué las regiones como Oruro y Potosí con una larga historia minera, son regiones con altos índices de pobreza, desempleo, marginalidad, migración, bajo nivel de industrialización, erosión y desertificación de los suelos y pérdida de biodiversidad.
Actualmente las empresas mineras vierten sus residuos y desechos minerales directamente a los ríos sin ningún tratamiento. Existe una acumulación de toneladas de residuos mineros generados desde la colonia, que se han convertido en enormes cerros de pasivos ambientales mineros. Los mismos generan aguas acidas de roca, que son aguas extremadamente dañinas.
A eso se suman los problemas de contaminación urbana de la ciudad y de las poblaciones, por la concentración de grandes cantidades de residuos sólidos y aguas servidas de alcantarillado que son evacuadas y/o desembocadas a los ríos sin ningún tratamiento previo. Las mismas llegan al río Desaguadero y por ende al lago Uru-Uru y Poopó.
Nuestros ríos y acuíferos subterráneos que se encuentran a lo largo de estas subcuencas se han convertido en una amenaza para la salud de las personas y los animales que habitan en el sector, por la presencia de metales pesados como arsénico, cobre, plomo, cadmio y zinc. Además el agua tiene un Ph hasta de 3,04 (agua ácida) que está por debajo de los límites permisibles según la Ley 1333 y el Reglamento en materia de contaminación hídrica.
Las consecuencias y/o efectos de la contaminación ambiental, se manifiestan en la salud de la personas, a través de la proliferación de enfermedades gastroenterológicas, respiratorias agudas y dérmicas que constantemente son denunciadas por los pobladores. Lo mismo ocurre en la ganadería generando enfermedades de todo tipo, provocando muerte debilidad y malformación de los animales. A este problema se suman los forrajes, en especial la totora, que en versión de los comunarios ya no alimenta ni tiene nutrientes. Otra consecuencia es la desertificación de los suelos. Año que pasa más extensiones de suelos de cultivo o pastoreo son afectadas y contaminadas. Por la sedimentación y el desborde de los ríos en época de lluvia, más extensiones de tierras cultivables van desapareciendo.
Debido a la contaminación del agua y las tierras, cada año la situación de las comunidades empeora porque las tierras son cada vez menos productivas. Por la búsqueda de subsistencia, la migración ha crecido enormemente en los últimos años, tanto al interior del país como al exterior.
Por todo ello, desde el año 2000 venimos encaminando y demandando soluciones sostenibles a los fuertes impactos ambientales, sociales y económicos de las distintas operaciones mineras asentadas en la región del departamento de Oruro. Muchas posibles soluciones quedaron en papeles, en compromisos y no se plasmaron en acciones concretas de atención, remediación y mitigación. Por ello es que emitimos el siguiente pronunciamiento.
CONSIDERANDO:
Que, gracias a la gestión y a la movilización de las comunidades, en fecha 21 de octubre del 2009 el Gabinete presidido por el Presidente del Estado Plurinacional Evo Morales Ayma, aprobó el Decreto Supremo Nº 0335 que declara situación de emergencia ambiental a la subcuenca Huanuni, con aplicación a los municipios de Huanuni, Machacamarca, El Choro y Poopó. Desde la aprobación del mencionado Decreto a la fecha han pasado 6 meses, y las comunidades no ven resultados claros y concretos sobre los planes, programas y proyectos (a corto, mediano y largo plazo) destinados a políticas de prevención, mitigación, rehabilitación y apoyo al sector agropecuario.
Que, la operación minera Kori Kollo de la empresa Inti Raymi, como subsidiaria de la empresa transnacional Newmont EEUU, ha explotado y saqueado nuestros recursos mineralógicos de oro y plata por más de 25 años en las comunidades de Chuquiña y La Joya del departamento de Oruro. Operación que fue a cielo abierto en donde se utilizó cantidades de toneladas de cianuro, por lo que el daño ambiental generado ha afectado a todas las comunidades de la cuenca Desaguadero, llegando hasta los Lago Uru-Uru y Poopó. La transnacional, después de saquear nuestros minerales, decidió vender la empresa a una empresa boliviana, con el único fin de deslindarse de sus obligaciones y responsabilidades ante las comunidades sobre los impactos ambientales generados por la explotación y sobre todo para que ella no sea denunciada internacionalmente.
Que, las comunidades afectadas por la contaminación ambiental en dos oportunidades (octubre 2007 y junio 2009) gestionaron y organizaron la realización de MESAS DE TRABAJO, espacio de concertación y diálogo para buscar soluciones a los graves problemas ambientales de las subcuencas Desaguadero, Huanuni, Poopó y Cañadon Antequera. En este espacio de diálogo se obtuvo compromisos por las autoridades ambientales competentes a nivel departamental y nacional y las empresas mineras para solucionar los problemas ambientales. A la fecha estos compromisos no están siendo cumplidos ni por los operadores y ni por las autoridades competentes a nivel departamental y nacional.
Que, las empresas mineras actualmente están utilizando grandes volúmenes de aguas superficiales y subterráneas para el funcionamiento de sus operaciones, por lo que las fuentes de agua de las comunidades están siendo afectadas y amenazadas y muchas de las comunidades ya no cuentan con suficiente agua. Las empresas mineras amparadas en las leyes neoliberales, no pagan ni un solo centavo ni a las comunidades, ni al Estado, por la utilización de estas aguas, más al contrario las contaminan.
Que, en la actualidad, las comunidades sufrimos la vulneración de nuestros derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado, por la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y por otros convenios y declaraciones aceptadas por el Estado.
Ante esta situación el Consejo de Gobierno Territorial de la Nación Originaria Suyu Sura, las Markas de Challacollo, El Choro, Sawkari, Peñas, Poopó, Dalence, la Joya y Soracachi la Coordinadora en Defensa de la Cuenca Baja del Río Desaguadero Lagos Uru-Uru y Poopó CORIDUP, la Central de Cooperativas Pesqueras del Lago Uru –Uru; la Junta de Vecinos Barrio Minero Itos, Asociación de Municipios de Oruro AMDEOR y el Centro de Ecología y Pueblos Andinos CEPA, autoridades originarias, dirigentes de organizaciones y representantes de los ayllus y comunidades afectadas, reunidos:
RESOLVEMOS:
PRIMERO: Exigimos la inmediata implementación del Decreto Supremo Nº 0335 que declara emergencia ambiental, con aplicación a los municipios de Huanuni, Machacamarca, El Choro y Poopó, de acuerdo a las líneas estratégicas (planes, programas, proyectos y financiamiento) estipuladas en el mencionada normativa. Pedir a los ministerios involucrados en el Decreto designen como responsables de la ejecución a viceministros y/o en su caso a directores generales (autoridades con poder de decisión). Además pedimos la socialización a las comunidades afectadas sobre la implementación del Decreto Supremo.
SEGUNDO: Exigimos a las autoridades departamentales y nacionales pertinentes, la inclusión de la subcuenca Cañadon Antequera dentro del Decreto Supremo Nº 0335 de emergencia ambiental.
TERCERO: Exigimos transparencia en todo el proceso de ejecución de la Auditoria Ambiental a las operaciones mineras de Kori Kollo, con participación plena de las organizaciones sociales, originarias y comunidades de las provincias afectadas.
CUARTO: Exigimos a las autoridades departamentales y nacionales el cumplimiento de los compromisos contenidos las conclusiones de las MESAS DE TRABAJO, a nivel de las cuatro subcuencas Desaguadero, Huanuni, Poopó y Cañadon Antequera,
QUINTO: Exigimos a las autoridades a nivel departamental y nacional, que nos tomen en cuenta en el proceso de la elaboración de las leyes (Ley de la Madre Tierra, Ley de aguas, Código Minero) implementando la Constitución Política del Estado.
SEXTO: Solicitamos respetuosamente audiencia pública al Exmo. Presidente del Estado Plurinacional Hermano Juan Evo Morales Ayma, a objeto de informarle y poner a su conocimiento la falta de cumplimiento de parte de los ministerios en la implementación del Decreto Supremo Nº 0335.
SÉPTIMO: Pedimos respetuosamente audiencia pública al Gobernador electo, la Alcaldesa electa, la Brigada Parlamentaria, al Defensor del Pueblo, a los representantes de la Naciones Unidas ONU y a los representantes de la iglesia en Oruro, a la brevedad posible para informarles y poner a su conocimiento las gestiones y demandas de las comunidades afectadas por la contaminación ambiental.
OCTAVO: Apoyamos la decisión del pleno del Parlamento Europeo que aprobó una resolución pidiendo la prohibición total del uso de cianuro en las actividades mineras antes del fin de 2011 con el fin de proteger los recursos hídricos y la biodiversidad. Nos sumamos como Plataforma Ambiental en Defensa del Agua y la Vida, para que esta decisión del Parlamento Europeo sea replicada en América Latina y en especial en nuestro país.
NOVENO: A partir de la fecha las organizaciones que conformamos la Plataforma Ambiental en Defensa del Agua y la Vida, nos declaramos en estado de emergencia y reuniones permanentes para evaluar las respuestas sobre nuestras peticiones y planificar acciones de hecho, si nuestra demanda no es atendida favorablemente.
ES DADO A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL DIEZ AÑOS, EN EL ENCUENTRO DE LA PLATAFORMA AMBIENTAL EN DEFENSA DEL AGUA Y LA VIDA.