22 de marzo Día Mundial del Agua
A pesar de la declaración que el agua es un derecho fundamentalísimo, el agua se prioriza para las actividades industriales.
El Día Mundial del Agua fue propuesto en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, efectuada en Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 junio del año 1992. Posteriormente, la Asamblea General de la Naciones Unidas adoptó, el 22 de diciembre de 1992, la resolución que declaró el 22 de marzo de cada año como Día Mundial del Agua.
Según datos de la ONU, “los seres humanos somos esencialmente agua. Alrededor de dos terceras partes de nuestro organismo están compuestas de agua. Los huesos humanos son un 25% agua. La sangre humana es un 83% agua. Un 75% de nuestro cerebro está constituido por agua, y el agua es el principal vehículo de las transmisiones electroquímicas de nuestro organismo…La pérdida de un 20% de agua del cuerpo puede causar la muerte. Es posible sobrevivir varias semanas sin alimento, pero no es posible sobrevivir más de algunos días sin agua. El agua, sin duda alguna, es vida.”
Sabemos que el 97.5% del agua que existe es agua salada, sólo el 2.5% del agua en la tierra es agua dulce. De esa cantidad, el 0.5% se encuentra en depósitos subterráneos y el 0.01% en ríos y lagos. El 90% de los recursos disponibles de agua dulce del planeta están en la Antártida. Sólo el 0.007% del agua existente en la tierra es potable, y esa cantidad se reduce año tras año debido a la contaminación.
Datos de la ONU indican que “más de 884 millones de personas carecen de acceso al agua potable y más de 2.600 millones de personas no tienen acceso al saneamiento básico y cada año fallecen aproximadamente 1,5 millones de niños menores de 5 años”. La ONU, preocupada por esos datos, en una campaña lanzada por varios países, entre ellos Bolivia, el 26 de julio del 2010 declara “el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.”
En nuestro país, el año 2009, se aprobó la nueva Constitución Política del Estado, en donde reconoce en su Art. 16 parágrafo I: “Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación”. A su vez en el Art. 20 parágrafo I indica: “Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos del agua potable, alcantarillado,…”. En el mismo artículo en su parágrafo III menciona: “El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos; no son objetos de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de licencias y registros, conforme a ley.”
Si bien el agua se considera un derecho fundamentalísmo para la vida, en la práctica todavía no se está implementando este derecho. Hay muchas comunidades que sufren por el acceso al agua, como es el caso de las comunidades de la subcuenca Antequera que están peleando el acceso al agua con la empresa minera Sinchi Wayra. Otro caso que llama la atención es en la subcuenca Huanuni, donde el río está totalmente contaminado por la empresa minera de Huanuni. También muchas empresas mineras están desviando el curso del rio para su beneficio, dejando a las comunidades vecinas o río abajo sin acceso al agua o en algunos casos disminuyendo el caudal del río. Es el caso de la empresa minera Inti Raymi en sus operaciones de Kori Chaka. En síntesis: muchas empresas mineras están limitando el acceso al agua y están afectando la calidad del agua y disminuyendo la cantidad de agua a las comunidades y centros urbanos.
Además, el cambio climático en las comunidades del área dispersa está afectando principalmente al agua. Muchas comunidades del Occidente en tiempos de sequias sufren falta de agua. Los ríos se secan muy rápidamente por las elevadas temperaturas y por la poca precipitación que hay. Los acuíferos subterráneos no se alimentan de agua. Por eso el nivel freático del agua ha bajado en muchos sectores. La minería a cielo abierto también afecta el nivel freático del agua, varios kilómetros alrededor del tajo. Por lo tanto, actualmente el agua se constituye en un problema grave y lo será más todavía en el futuro si no se hace nada.
Bajo ese panorama preocupante, es necesario, desde el estado, gobiernos departamentales y municipales, implementar políticas públicas de gestión integral del agua. Si bien el agua es un recurso indispensable para la agricultura y para la industria, su uso debe ser regulado, controlado y monitoreado por las autoridades competentes y las organizaciones sociales de manera permanente. No se puede privar a las comunidades y centros urbanos del acceso al agua, ni se pude permitir la modificación sustancial de la calidad del agua. El agua es vida, el agua es un tesoro preciado más que el oro. Sin agua no hay vida.
Limbert Sánchez Choque
CEPA