LAS DEMANDAS DE LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA CONTAMINACIÓN MINERA Y LA RESPONSABILIDAD SOCIO-AMBIENTAL DE LAS OPERADORAS MINERAS
Las acciones en los procesos de incidencia, llevadas a cabo por las comunidades afectadas por la contaminación minera, traen consigo una fuerte carga de esperanzas y deseos de revertir el actual estado de deterioro del agua, de las tierras de cultivo, de los animales de crianza. Para consolidar estos anhelos, y expectativas, las comunidades plantearon un plan de incidencia, cuyo eje dinamizador era el diálogo recíproco de la CORIDUP con las autoridades competentes ambientales del nivel central, departamental y municipal, y que las acciones conjuntas contribuyan a solucionar las demandas ambientales de estas comunidades.
Entre una de esas acciones, se ha venido desarrollando desde la gestión 2009, la Evaluación de las Mesas de Trabajo, donde están involucradas las 4 Subcuencas de la Cuenca del lago Poopó: Huanuni, Poopó, Antequera y Desaguadero. En cumplimiento a los compromisos asumidos por el gobierno central a través del Ministerio de Medio Ambienta y Agua; del gobierno departamental a través de la Secretaría de Medio Ambiente, Agua y Madre Tierra; y de las mismas comunidades afectadas; se llevó a cabo la Evaluación de las Mesas de Trabajo en fechas 23 y 24 de agosto de 2018. En la misma, estuvieron presentes las autoridades competentes quiénes debían informar y evaluar los avances, dificultades y desafíos de las tareas de control y seguimiento ambiental a las operadoras mineras dentro el marco del cumplimiento de su responsabilidad social y ambiental.
Los informes emitidos por las autoridades, tanto de los avances al cumplimiento de las demandas de las comunidades afectadas, como al cumplimiento de las responsabilidades de las operadoras mineras que trabajan en las 4 Subcuencas, indudablemente no lograron satisfacer las expectativas de los representantes de las comunidades, en la perspectiva de que no hubo logros significativos en los procesos de remediación y/o mitigación en los territorios afectados por la contaminación minera. Luego de un prolongado análisis y debate en las dos jornadas de evaluación, entre las justificaciones técnico-jurídicas de las autoridades, y las observaciones de la CORIDUP; se puede inferir algunas consideraciones con el propósito de establecer que las soluciones a la problemática de la contaminación ambiental, no se reduce a acciones técnicas ni solamente jurídicas, sino también a comprender la realidad social, económica, política y cultural de las poblaciones afectadas. Con este criterio, es pertinente mencionar lo siguiente:
- Creemos que es necesario y urgente, realizar un “recuento histórico” de las demandas planteadas por las comunidades afectadas de las 4 Subcuencas dentro el proceso de ejecución de las Mesas de Trabajo. Ese recuento permitirá advertir las dificultades operativas y metodológicas; las ineficacias y los incumplimientos (técnico-jurídicos) de las instancias públicas; las intenciones maliciosas de las operadoras mineras; las debilidades en los esfuerzos colectivos en los procesos de incidencia. La identificación de estas dificultades como de las potencialidades encontradas en el proceso de cumplimiento a las demandas de las comunidades afectadas, permitirán avanzar sino aceleradamente, pero con cierta precisión y seguridad.
- Los reclamos y demandas por el deterioro del agua y de las tierras de cultivo, provienen de dirigentes, representantes y actores de las comunidades afectadas, con o sin posición política y partidaria. Entendiendo que los efectos de la contaminación no construye fronteras físicas ni ideológicas, en la temática ambiental. Lo que permite considerar la emergencia de un proceso de “globalización en la defensa de los recursos naturales”, donde el esfuerzo colectivo, de autoridades competentes, de operadores mineros, y de organizaciones sociales, permita solucionar los problemas de remediación y mitigación de los territorios afectados de la Cuenca de lago Poopó.
- Las afirmaciones e información emitida por los operadores de las instancias públicas en la temática ambiental, en cuanto a la temporalidad en la resolución de conflictos, y soluciones a las demandas de las comunidades; provocan desesperanza en ellas porque la solución a sus demandas ambientales, llegarán a largo plazo; por lo tanto, los procesos de restauración, mitigación y remediación de los daños causados a los ríos, lagos y tierras de cultivos, están expuestos a un tratamiento engorroso, y lento que durará muchos años. En este sentido, es responsabilidad tanto de instituciones públicas y privadas dedicadas al tema ambiental, plantear alternativas técnicas, ambientales, y sociales para que estos procesos de restauración, mitigación y remediación tengan un tratamiento priorizado, acelerado, y tratado con profundidad y al ritmo de las necesidades y demandas de las comunidades afectadas por la contaminación minera.
- La explotación de minerales de pequeñas operadoras mineras, como los trabajos en desmontes y relaves, no cumplen con la normativa ambiental, sobre todo con la licencia ambiental. Las autoridades departamentales competentes, informan al respecto, que estos trabajos mineros están asentados en comunidades originarias y/o campesinas, por lo que éstas otorgan el permiso para realizar estos trabajos, por cuya razón no cumplen la ley ambiental. Esta “licencia social” está creando conflictos en estas comunidades; en el orden ambiental (por efectos de la contaminación), y en el orden técnico-legal (licencia social vs. licencia ambiental). En ese sentido, es necesario diseñar acciones concretas para la población de estas comunidades, con el propósito de internalizar en ella, la visión de que el trabajo minero traerá beneficios económicos y sociales, siempre y cuando cumpla su responsabilidad social y ambiental.
- Los efectos de la contaminación minera produce una ruptura o una línea de quiebre en el proceso de fortalecimiento de pertenencia territorial y cultural entre las familias mineras, y las agropecuarias; considerando que muchos trabajadores que se dedican a la actividad minera también son y/o fueron trabajadores dedicados a la agricultura y a la ganadería (agromineros). Estos efectos, llegan con más fuerza a las familias que viven permanente o temporalmente en las comunidades, porque perciben la pérdida de su producción agropecuaria, y de sus ingresos económicos, lo que les empuja a recrear nuevos mecanismos de sobrevivencia, lo que no ocurre en las familias que se dedican a la minería. Esto también crea un resquebrajamiento en las prácticas comunitarias, porque profundiza las desigualdades económicas y sociales entre las familias mineras y agropecuarias, y provoca debilitamiento en sus organizaciones, cuando se involucran en los procesos de gestión e incidencia contra la contaminación minera de sus tierras de cultivo y fuentes de agua.
Estas consideraciones creemos que deben concretarse en desafíos y retos, tanto para las instituciones como para las organizaciones sociales, porque las perspectivas y soluciones a la problemática ambiental (contaminación minera), no es unidireccional ni unilineal, se tiene que comprender que los análisis e interpretaciones técnicas están conectadas a una vivencia económica, social, hasta cultural de las comunidades afectadas por la contaminación minera.
Ruth Vilches Torrejón
UNIDAD DE JUSTICIA SOCIO AMBIENTAL – CEPA
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