El año 2009 se promulgó el Decreto Supremo 0335, durante la Gestión de gobierno de Evo Morales, a pesar de haber calificado a la CORIDUP (Coordinadora en Defensa de los lagos Uru-Uru y Poopó) como opositores al proceso de cambio.
Las comunidades afectadas por la contaminación minera por varias gestiones habían solicitado a diversos gobiernos atender el alto grado de contaminación que afectaba a sus tierras, aguas subterráneas y por supuesto pozos que eran el único medio que tenían para consumo, tanto para ellos, para su ganado ovino y vacuno e incluso para riego.
En principio los afectados no pedían un Decreto Supremo, se pedía la “Declaratoria de Emergencia Ambiental para las cuatro Subcuencas afectadas por la contaminación minera”. A partir de la marcha realizada hacia La Paz, la instalación de mesas de trabajo y de un diálogo intenso con las instancias de gobierno y con el apoyo de instituciones que coadyuvaron con estudios e informes, se llegó a demostrar que las preocupaciones y denuncias tenían justificaciones reales muy lejos de intereses político-partidarios.
El CEPA, a la cabeza del hermano Gilberto Pauwels O.M.I. y a pedido de las comunidades afectadas por la contaminación minera CORIDUP, puso a su disposición el apoyo técnico para atender sus solicitudes y acompañar varias gestiones de las autoridades comunales de turno para coordinar con técnicos de los diferentes municipios y de ministerios,en busca del cumplimiento de la ley 1333 de Medio Ambiente, que se puede resumir en “el que contamina paga”.
También y en respuesta a las solicitudes de apoyo, el 2014 en coordinación con CATAPA el CEPA gestionó y realizó una inspección a comunidades de las cuatro subcuencas llegando a concretizar un pequeño proyecto denominado “Cosechas de agua de lluvia”, para garantizar el consumo en las comunidades afectadas por la contaminación, particularmente en la comunidad Alantañita Caranavi del municipio de Machacamarca, donde ya no existía agua ni en los pozos y peor aún en el río Huanuni,cuyo caudal no sirve para ningún uso por que recibe los rebalses y las aguas de la empresa minera.
Con personal voluntario se pudo hacer ese proyecto, que consistía en adquirir e instalar tanques de 3500 lts. canaletas de pvc. calaminas, vigas y listones para lograr el almacenamiento de aguas de lluvia que garantizara el consumo delas familias de dicha comunidad. Por entonces y a pesar de la vigencia del decreto supremo que “declaró en emergencia, a las comunidades afectadas por la contaminación minera”;ni desde el gobierno,la gobernación o alcaldías no hicieron casi nada concreto para atender las urgentes necesidades de las comunidades aglutinadas en la CORIDUP.
En años posteriores, tanto CEPA conjuntamente CATAPA atendieron las solicitudes de algunas comunidades para implementar los tanques de dicho proyecto, y a raíz de la catástrofe del Lago Poopó con la sequía total del mismo se pudo hacer gestiones y conseguir recursos económicos momentáneos para llegara varias familias de las comunidades a las riberas del Lago Poopó: Untavi, comunidades Uru de Vilañeque, Puñaca Tinta María, El Choro, haciéndose un total de 75 tanques entregados. A todas las comunidades donde se implementó el proyecto, se les proporciono calaminas, vigas, listones y por supuesto los tanques con sus respectivos pre filtros los cuales hacen que las aguas de lluvia sirvan para el consumo y así se garantiza la salud para las familias beneficiadas.
Estas iniciativas fueron asumidas por voluntarios y técnicos de ONGs aliadas y CEPA. Cabe mencionar también,el aporte del Ing. Riley Mulhern de CCM de Estados Unidos con cuya iniciativa se implementó un laboratorio con el cual se realizó el análisis de la calidad de las aguas en zonas más vulnerables donde no existía agua dulce. Contribuyendo también con la capacitación a comunarios, estudiantes de la Universidad Técnica de Oruro (UTO) y técnicos del CEPA para que ellos a futuro pudiesen hacer el monitoreo de aguas subterráneas, agua potable y agua de los ríos en diferentes zonas del Departamento.
De esa manera, si hay un grado de contaminación, los interesados tienen la potestad de pedir una pronta atención al problema de afección a sus aguas en diferentes comunidades, facilitando que las autoridades competentes puedan atender esas solicitudes o pedidos.
Esperanzados de que las autoridades de gobierno, ministerios, gobernaciones y alcaldías salvando los problemas burocráticos,puedan replicar estas iniciativas que benefician a las comunidades afectadas por la contaminación minera, se aguardan los resultados y soluciones técnicas de mayor envergadura.
Jhonny Terrazas
Unidad Justicia Ssocio Aambiental – CEPA
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