A 11 años del derrame de petróleo en el río Desaguadero, 30-01-11

11 años del derrame de petróleo en el río Desaguadero

DEUDA AMBIENTAL CON EL DEPARTAMENTO DE ORURO

Habrá que recordar que el 30 de enero del año 2000, la empresa transportadora de hidrocarburos TRANSREDES causó uno de los sucesos más nefastos para el medio ambiente de la región. En efecto, en el sector de Sica Sica se produjo la ruptura del ducto que transportaba petróleo de Bolivia a Chile. Se derramaron, aproximadamente, 29.000 barriles de petróleo reconstituido en el río Desaguadero, afectando la flora, fauna, suelos y agua de más de un millón de hectáreas y a 127 comunidades de los departamentos de Oruro y La Paz.

Las miles de personas afectadas por este siniestro visitaron a los médicos de la compañía informando que sufrían do­lores de estómago, náuseas, pérdida de apetito, dolores de cabeza y problemas visuales. Desafortunadamente, la ayuda médica de Transredes fue limitada. Los trabajadores de salud enviados por la compañía no tenían la especialidad de tratar los efectos del petróleo en la salud humana.

Se dice que los efectos más peligrosos a la salud de residuos de petróleo son invisibles. El btex (benceno, tolueno, etil benceno y xileno) es un grupo de compuestos orgánicos volátiles encontrados en los residuos de petróleo. Este compuesto puede ser causante de cáncer y malformaciones. El btex puede ser transmitido del pasto y el agua a los animales, de los animales a la gente a través de la carne y de las madres a los fetos en el vientre. Estas toxinas pueden también ser absorbidas a través de la piel, por la ropa lavada en aguas contaminadas o aspiradas al sistema respiratorio.

Una de las acciones implementadas por Transredes para mitigar el desastre, fue una limpieza que no estaba basada en ningún plan de emergencia concebido cuidadosamente con anterioridad, sino en la improvisación. Usó tecnología inadecuada para detener el crudo. Por ejemplo, utilizaron mallas de gallineros, plantas de totora y lo peor, han tenido que ser las propias comunidades afectadas las que limpien, sin ninguna protección segura para su salud.

El 31 de julio de 2000, seis meses después del derrame, oficialmente se dio por concluida la limpieza y Transredes depositó más de 838.000 bolsas de material contaminado en una cavidad terrenal cerca de la estación de transporte de Sica-Sica.

Producto de este derrame, se ejecuta una Auditoria Ambiental a la empresa Transredes por haber ocasionado el derrame de petróleo en el río Desaguadero. La empresa auditora dictaminó una compensación económica (que ascendía a unos 6,5 millones de dólares americanos) por haber causado pérdidas en los cultivos, pastos nativos, mortalidad de ganado, etc.

Esta compensación resultó finalmente insuficiente ante los muchos temas que no fueron atendidos y que quedan aún pendientes:

  • Monitoreo ambiental (aguas, suelos y bentos) que deberían efectuarse a lo largo del río Desaguadero, situación que correspondería efectuarse periódicamente en coordinación con la autoridad ambiental y los comunarios.
  • La empresa, ocasionadora de la contaminación, nunca llegó a compensar por las enfermedades causadas a los animales, peor aún por la pérdida de la calidad de agua y suelo. Además la auditoria consideró solamente los impactos a corto plazo; no fueron cuantificadas las consecuencias de la contaminación a largo plazo.
  • Referente a lo social, es importante señalar que el derrame ocasionó la desarticulación de la estructura organizativa comunitaria. Lo más preocupante, sin embargo,  es que surgieron conflictos entre comunidades, a la vez entre familias de una misma comunidad e inclusive conflictos en la unidad familiar (entre hermanos, padres e hijos). Estas situaciones, en algunos casos, se han acentuado y perjudican enormemente el desarrollo de una comunidad.
  • La Auditoría Ambiental estableció que la empresa debería efectuar un monitoreo de la salud a toda la población que estuvo expuesta al derrame. Esta actividad nunca se efectivizó. Es más, se ha sugerido que las personas expuestas, deberían tener un seguro de salud de por lo menos 20 años, pagado por la empresa Transredes, tampoco fue ejecutado.

Comunarios que no fueron tomados en cuenta en la Auditoria Ambiental, específicamente los de Kochi Piacala (Municipio de El Choro) en varias oportunidades realizaron marchas y otras medidas de presión para ser atendidos. La comunidad de Iroco, pese a estar asentada en la misma cuenca, tampoco fue tomada en cuenta.

El gobierno nacional recuperó la totalidad de las acciones de TRANSREDES mediante el Decreto Supremo 29856, de modo que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) pasaría a controlar aproximadamente un 98 por ciento de la empresa. Un elemento que nos preocupó en esa oportunidad, y que hemos estado manifestando “machaconamente”, es la situación de la deuda pendiente de la empresa TRANSREDES con las comunidades afectadas.

Consideramos que la mencionada empresa debería haber saneado sus deudas con los diferentes acreedores antes de ser transferida del todo.

Por eso es importante recordar que aun existen deudas pendientes que tiene TRANSREDES con las comunidades del departamento de Oruro. La autoridad ambiental de ese entonces, el Viceministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente, había aplicado una multa equivalente a la suma de 1,9 millones de dólares por haber infringido la Ley de Medio Ambiente. A esa sanción se sumó otra multa de alrededor de 100 mil dólares por no haber tramitado su licencia ambiental para el depósito de los suelos impregnados con petróleo en la localidad de Sica Sica. Las comunidades afectadas manifestaron que estos pagos no se han cumplido hasta la fecha.

Si nuevamente expresamos nuestra preocupación, es porque existen aún muchas denuncias de parte de los comunarios en sentido que a la fecha no ha desaparecido el petróleo de sus tierras y que en algunas oportunidades aflora en la superficie.

No puede quedar en el olvido esta deuda ambiental con el departamento de Oruro. La contaminación del Desaguadero es una consecuencia más de las políticas de explotación de recursos naturales sin responsabilidad ambiental.

Norma Mollo Mollo
Unidad: Formación y Comunicación CEPA