La Unidad de Justicia Socio Ambiental despliega sus acciones concretas, a la consolidación del ejercicio de los derechos ambientales de las comunidades afectadas por la contaminación minera.
Por un lado, el entorno natural de varias comunidades originarias y campesinas del departamento de Oruro, se encuentra deteriorado por los efectos de la contaminación provocada por las operaciones mineras, donde el agua, el aire y las tierras de cultivo contienen elementos químicos que alteran su estado natural; por lo tanto, es inminente también, el deterioro de la vida humana, animal y vegetal. Por otro lado; las comunidades circunlacustres de los lagos Poopó y Uru Uru se han visto afectadas por la sequía del primero, alterando negativamente la vida de estos pueblos, considerando que estos lagos se constituyen en fuentes de ingreso económico familiar y comunal de estos pueblos. Estas realidades, han empujado a que el Centro de Ecología y Pueblos Andinos, a través de la Unidad de Justicia Socio Ambiental, emprenda acciones de acompañamiento a estas comunidades en procesos de gestión e incidencia para consolidar la práctica de sus capacidades, y el ejercicio de sus derechos socio ambientales.
El trabajo se concreta con acciones complementarias y recíprocas con organizaciones sociales que defienden los derechos de la Madre Tierra, acompañando a:
– La Coordinadora en Defensa del río Desaguadero lagos Uru Uru y Poopó (CORIDUP), que alberga a comunidades afectadas por la contaminación minera pertenecientes a las 4 subcuencas del lago Poopó: Desaguadero, Poopó, Huanuni y Antequera.
– La Federación Departamental de Cooperativas Pesqueras del lago Poopó (FEDECOPEO), que alberga a cooperativas pesqueras pertenecientes a las comunidades circunlacustres del lago Poopó.
– La Central de Cooperativas Pesqueras del lago Uru Uru, que alberga a cooperativas pesqueras pertenecientes a las comunidades circunlacustres del lago Uru Uru.
– Las Juntas Vecinales de la ciudad de Oruro
Las acciones emprendidas se despliegan en los siguientes ámbitos:
– Procesos de gestión e incidencia ante autoridades competentes.
– Casos de mitigación y remediación ambiental
– Auditorías ambientales a operadoras mineras
– Cumplimiento de la normativa ambiental (apertura y cierre de empresas mineras)
– Cumplimiento a la ejecución de leyes y decretos promulgados en favor de las comunidades afectadas (Decreto Supremo 0335, y leyes departamentales y nacionales de los lagos Poopó y Uru Uru)
– Implementación de proyectos productivos en comunidades afectadas
– Diálogos interinstitucionales con organizaciones, instituciones académicas públicas y privadas involucradas en la problemática ambiental.
– Procesos de fortalecimiento a las capacidades organizativas y de formación a mujeres y hombres líderes para el ejercicio de sus derechos socio ambientales
– Procesos de implementación de proyectos para consolidar el ejercicio del derecho de acceso al agua.
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