MANIFIESTO
Tercer Encuentro de Líderes de las organizaciones sociales urbanas y rurales de las regiones mineras de Oruro, La Paz, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca.
En el marco de la Escuela de Lideres Ambientales, en fecha 4 y 5 octubre en la ciudad de Oruro, líderes de las organizaciones sociales urbanas y rurales de las regiones mineras de Oruro, La Paz, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca, se reunieron para analizar el proyecto de la Ley de Minería concertada por el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Minería y Metalurgia y sectores mineros (versión de abril del 2012), el contexto de conflictos mineros y la política minera que se va implementando en el país. Después de un análisis colectivo llegaron a las siguientes conclusiones:
Sobre la ley en general:
- El anteproyecto de la Ley de Minería, tal como se lo plantea profundizará el saqueo de los minerales a favor de las empresas transnacionales, no beneficia a las organizaciones sociales, pueblos indígenas originarios y a la población boliviana en general. Parece ser solo la imposición de las empresas mineras y algunos sectores.
- La propuesta de Ley de Minería, tal como está planteada, otorga más garantías a las empresas y ninguna responsabilidad. En lugar de dar garantías a los bolivianos, reduce el Estado a un rol de sirviente de las transnacionales.
- Para que una Ley Minera pueda responder al interés de la población boliviana se debería discutir con toda la población boliviana no solamente con algunos sectores interesados.
- El anteproyecto de Ley de Minería debe ser consensuado con todas las organizaciones indígenas, originarias y población boliviana en general.
Sobre la política minera:
- Los conflictos mineros que vive el país son consecuencia de la vigencia del modelo neoliberal en minería
- Se requiere un nuevo ordenamiento territorial que no permita que la minería se expanda a zonas que tienen otra vocación. Por lo que en lugar de levantar y reducir se debe declarar reservas fiscales en varias zonas del país para evitar que se entregue la riqueza minera a manos privadas.
- En la elaboración del anteproyecto de Ley de Minería y cualquier otra norma sobre minería, se debe respetar los Convenios, Tratados y Acuerdos internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas originarios, y la Constitución Política del Estado.
- Las propuestas de Ley de Minería y otras normas sobre minería deben respetar los derechos de la Madre Tierra y al medio ambiente. Exigimos respeto a la propuesta de Ley N° 028 Ley Marco de la Madre Tierra trabajada y consensuada por las organizaciones sociales; rechazamos la propuesta de Ley N° 037 denominada Ley Madre Tierra y Desarrollo Integral trabajada por el Gobierno.
- Rechazamos y cuestionamos la continuidad y profundización de la legislación neoliberal en el ámbito de las políticas mineras.
- Se debe anular las concesiones mineras improductivas que están en manos de especuladores.
- Rechazamos la sobreposición de los derechos mineros sobre los derechos a la propiedad agraria y TCOs.
- Se debe modificar el sistema de regalías e impuestos en el sector minero, en beneficio de las comunidades y la población boliviana.
- Frente al saqueo de los recursos naturales pedimos la nacionalización de las minas que están siendo operadas por las empresas transnacionales.
- Exigimos al gobierno la industrialización de la materia prima minera.
- Exigimos al gobierno el acceso transparente a la información sobre las obligaciones económicas de las empresas mineras y la situación actual de las concesiones y contratos mineros.
Sobre el agua:
- El anteproyecto de Ley de Minería, promueve la privatización del agua, el uso y aprovechamiento indiscriminado del agua y por consecuencia aumentará la contaminación. Rechazamos categóricamente esta propuesta. Ante esta situación exigimos que toda actividad minera debe pagar por el uso del agua, según los volúmenes que utilizan, además deben contar con plantas de tratamiento de sus aguas residuales.
- Exigimos al gobierno la pronta aprobación de la propuesta de Ley Marco de “Agua para la Vida”, trabajada y consensuada por las organizaciones sociales urbanas y rurales.
- Las actividades mineras solamente deben usar agua que no es apta para el consumo, riego y biodiversidad, reutilizándola para evitar la sobreexplotación de este vital recurso.
- Debe crearse un organismo multisectorial y descentralizado para el control y fiscalización del agua, con participación de las organizaciones sociales urbanas y rurales y pueblos indígenas originarios, con el apoyo de las universidades en el aspecto técnico.
Sobre la consulta:
- Tal como está planteado en el anteproyecto de Ley de Minería, la consulta simplemente se resume a un proceso de concertación para llegar a acuerdos. Desde esa perspectiva la propuesta de Ley va en contra de la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas Originarios.
- Por tanto exigimos que, en el anteproyecto de Ley de Minería, la consulta debe ser vinculante y obligatoria, en el marco de la CPE, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas Originarios. En el proyecto de ley la consulta es una imposición y solo formalismo.
- La consulta debe contemplar el consenso sobre información, compensación, remediación e indemnización, además este proceso no debe tener fechas fatales. El estado debe velar por el interés de las comunidades y la población boliviana, no debe ser sirviente de las transnacionales.
- Se debe prohibir actividad minera en áreas protegidas y en zonas con vocación agro-ganadera, piscícola y forestal.
Sobre el medio ambiente:
- En la propuesta de ley minera, se plantea que el Ministerio de Minería y Metalurgia, sea la autoridad ambiental competente y como tal queda encargado del control, seguimiento, fiscalización de la gestión ambiental, además tiene la potestad de otorgar las licencias ambientales a las empresas mineras.
- Ante esta situación, exigimos que la futura Ley de Minería, respete la institucionalidad en la gestión ambiental. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua tiene que mantenerse como autoridad ambiental competente. Pedimos al gobierno fortalecer institucionalidad sectorial de agua, áreas protegidas y medio ambiente, para que se garantice una gestión ambiental imparcial.
- Se debe incorporar en el anteproyecto de Ley de Minería la imprescriptibilidad de las acciones administrativas.
- Titulares de derechos y operadores deben hacerse responsables de los pasivos ambientales además de que la normativa debe basarse estrictamente en la CPE, es decir que esté regida sobre los art. 33 y 347 respecto a la responsabilidad y acciones de gestión ambiental. Para evitar estos problemas en el futuro se debe establecer garantías ambientales por parte de los operadores mineros.
Oruro, 4 de octubre de 2012
FIRMAN: Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu CONAMAQ / Coordinadora en Defensa del Río Desaguadero, Lagos Uru-Uru y Poopó (CORIDUP) / Nación Originaria Suyu Sura / Nación Originara Yampara de Chuquisaca / Jach´a Suyu Pakajaqi / Promotores Ambientales Derechos Indígenas Originarios (PADIOS) Potosí / Ayllus de Cochabamba – Nación Originaria Uru / Nación Originaria Jatun Quillacas / Coordinadora Departamental para el Cambio Chuquisaca / Escuela de líderes ambientales Jóvenes / Coordinadora Nacional de Afectados por la Minería y la Protección de Medio Ambiente CONAMPROMA.