Nº729: ¿Cuáles son los resutlados de las segundas Mesas de Trabajo y el Decreto de Emergencia Ambiental 0335?, 22-05-12

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS DE LAS SEGUNDAS MESAS DE TRABAJO Y EL DECRETO DE EMERGENCIA AMBIENTAL Nº 0335?

Luego de una audiencia con el ministro de Medio Ambiente y Agua Felipe Quispe, además representantes de de otros ministerios, la Corporación Minera de Bolivia y la dirigencia de la comunidades afectadas por la contaminación agrupadas en la CORIDUP (Coordinadora en Defensa del Río Desaguadero Lagos Uru – Uru y Poopó), se acordó que en fechas 22, 23 y 24 de mayo se hará una evaluación de las Mesas de Trabajo y además de los avances a la aplicación del Decreto Supremo 0335.

Esta nueva reunión obedece al reclamo de las comunidades contaminadas, de que después de más de tres años de compromisos incumplidos, advierten con tomar acciones de protesta para que las autoridades actúen con responsabilidad.

Durante los tres días de la evaluación se abordarán todos los temas contemplados en las Mesas de Trabajo y el Decreto Supremo 0335 que declara zona de emergencia a la subcuenca Huanuni.

Para este taller, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la gobernación del departamento de Oruro, se encargan de convocar a las organizaciones e instituciones involucradas en estos temas y además de las operadoras mineras que trabajan en el departamento de Oruro.

Mesas de Trabajo.

Las Mesas de Trabajo consisten en el tratamiento de los diferentes problemas identificados en las zonas mineras y en la ciudad de Oruro. Las primeras mesas se realizaron en octubre del año 2007, donde tanto operadoras mineras estatales como privadas, realizaron compromisos que no se cumplieron y otros quedaron solo en intentos.

Uno de los compromisos es la construcción de un dique de colas de la empresa minera Huanuni, que hasta la fecha no tiene un real funcionamiento; las aguas ácidas de la mina continúan desembocando al río.

Otro compromiso incumplido es el adecuado tratamiento de las aguas servidas que salen de la ciudad de Oruro. Para ello debió realizarse el traspaso de la administración de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, de la Gobernación al Municipio, situación que hasta la fecha continúa en trámite y gran parte de las aguas servidas continúan desembocando al río Tagarete y luego al lago Uru-Uru sin tratamiento alguno.

Estos acuerdos son solamente un par de ejemplos entre los muchos temas que fueron incorporados en las segundas mesas de trabajo.

El Decreto Supremo 0335.

En octubre del año 2009, el Presidente Evo Morales firmó el decreto 0335 que declara a la subcuenca Huanuni: “Situación de Emergencia de carácter Departamental, con aplicación en los Municipios de Huanuni, Machacamarca, El Choro y Poopó del Departamento de Oruro”.

“Debido a que la emergencia declarada surge como consecuencia de la actividad minera, la Prefectura del Departamento de Oruro y los Municipios afectados, en coordinación con el Ministerio de Minería y Metalurgia, a través de la Corporación Minera de Bolivia, promoverán planes, programas y proyectos destinados al estudio técnico e implementación de políticas de prevención, mitigación, rehabilitación y recuperación de los impactos negativos al medio ambiente y a la población en la Sub-Cuenca Huanuni o Río San Juan del Sora Sora del Departamento de Oruro” señala el Decreto Supremo.

Además sostiene que, “los Ministerios de Medio Ambiente y Agua, de Desarrollo Rural y Tierras y de Planificación del Desarrollo, así como otras entidades y/o instancias, en el marco de sus atribuciones y competencias, coordinarán y coadyuvarán en la implementación de las acciones que permitan la atención de la emergencia declarada en el presente Decreto Supremo, en el marco de la Estrategia para la Recuperación Integral de la Cuenca Huanuni, que en Anexo forma parte de la presente disposición”.

La falta de resultados claros y concretos impulsó este pedido de evaluación por parte de las comunidades afectadas por la contaminación y la federación departamental de juntas vecinales.

Franz W. Zunagua Gonzáles
Unidad de Justicia Ambiental – CEPA